miércoles, 7 de mayo de 2008

Reordenamiento institucional del sistema político en Venezuela

¿Hacia una nueva democracia venezolana o hacia la instalación de un régimen de partido único?

Hipótesis: Las transformaciones, reestructuraciones y reordenamientos institucionales realizados en Venezuela desde 1999 a esta parte expresan una nueva manera de expresión y gestión democrática.

Objetivos
General:
Analizar el sistema político de Venezuela y su re institucionalización en el lapso comprendido entre 1998 y 2007.

Específicos:
Ensayar, desde una perspectiva histórica, el sistema político venezolano desde la década del 50’.
Observar las consecuencias políticas derivadas del llamado “Puntofijismo” o “democracia puntofijista” o “sistema populista de conciliación de elites”.
Comparar los cambios y continuidades introducidos por el actual gobierno en el sistema político y más precisamente, en la Constitución venezolana.
Definir el concepto de ‘institucionalidad’ en una república de orden democrático liberal.
Precisar el concepto de ‘institucionalidad’ en el sistema político venezolano.
Analizar el actual sistema de partidos venezolano.
Puntualizar el concepto de democracia participativa en Venezuela.
Determinar los mecanismos de participación en el sistema político venezolano.
Contrastar los mecanismos de participación en la actual democracia venezolana con los de la democracia representativa reinantes antes de la irrupción del actual régimen.

Justificación:
Los sistemas políticos de América latina han sufrido, en el último decenio, una serie de transformaciones no equiparables a ninguna otra región del mundo. Dentro de este grupo, los países andinos se han visto movilizados de manera abrupta, conflictiva e inestable por nuevos líderes, nuevos movimientos y nuevos modos de entender al régimen democrático liberal y representativo. Incluso, este régimen ha sido objeto de cuestionamiento por parte de movimientos sociales y políticos.
Los dos países que encabezan este movimiento de manera oficial y desde el poder real, legal y legítimo son, precisamente, Venezuela y Bolivia. Aquí nos interesará concentrarnos en el primer caso. Más puntualmente, nos interesará analizar el sistema político venezolano instalado desde la asunción al poder de su actual presidente, Hugo Chávez Fría. Mucho se ha dicho y aún se continúa diciendo del hombre que encabeza la autollamada “Revolución Bolivariana”, tanto desde los medios periodísticos como desde los círculos académicos. En nuestro caso, nos centraremos en lo que se han dado en llamar los “problemas institucionales” que acarrea la República, o bien, la re institucionalización que el país está llevando a cabo a partir de la asunción del nuevo régimen.
Nos interesa analizar la desinstitucionalización o la irrupción de un nuevo orden democrático para verificar si lo acontecido en el sistema político venezolano obedece a, precisamente, la instalación de una nueva democracia – de tipo participativo como se ha autotitulado o como la podamos redefinir al final de este trabajo- o la repetición, en América latina, de los usos y abusos del poder por parte un líder carismático con base y apoyo popular.

Para esto, nos concentraremos primero en un análisis histórico del sistema político venezolano durante todo el siglo XX, haciendo hincapié en lo sucedido en el país caribeño desde 1958 en adelante, año en que se instaló en la República lo que se conoce como el “Puntofijismo”, régimen de hegemonía bipartidista que duró hasta la década del 90’, asediado por las crisis económicas, sociales y políticas que castigaron y empobrecieron a Venezuela.
Tras ello, y ya adentrados en el análisis del sistema política actual venezolano, haremos hincapié en los cambios y continuidades que el nuevo régimen introdujo en el sistema político y más precisamente, en la reformada Constitución venezolana. De esta última, nos interesará verificar la correspondencia de los elementos introducidos con el nuevo presunto tipo de democracia ejercida en el país presidido por Hugo Chávez Frías.
Con ello, revisaremos los conceptos de ‘instituciones’ e ‘institucionalidad’ dados en el mundo occidental y en los sistemas políticos de orden democrático liberal, para contraponerlos con los gestados en nuestro país de análisis.
Por último, intentaremos extraer de allí la respuesta a nuestra pregunta: ¿re institucionalización para una nueva democracia o instalación de un régimen de partido único basado en el poder personalista de un líder carismático? A dilucidar este planteo iremos.

Introducción:
Venezuela estuvo gobernada durante unos 40 años por lo que se dio en llamar “el Puntofijismo”, nombre derivado del Pacto de Punto Fijo, firmado el de 31 de octubre de 1958, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En aquel pacto, los partidos políticos venezolanos –el socialdemócrata Acción Democrática, la demócrata-cristiana COPEI y la izquierda Unión Republicana Democrática- “asumieron la necesidad de llegar a un consenso acerca de unas nuevas reglas del juego democrático” , de modo tal que fuera posible, mediante acuerdos programáticos, hacer factible un orden democrático que se negaba sistemáticamente en los demás países de la región.
De este modo, y en los años subsiguientes, Venezuela se transformó en un país de un fuerte bipartidismo, también llamado por Juan Carlos Rey como sistema populista de conciliación de elites, “que logró garantizar a los partidos políticos, las fuerzas armadas, la iglesia, los sectores empresariales y sindicales y las asociaciones gremiales que sus intereses no serían afectados por la aplicación de la regla de la mayoría en la formulación de políticas públicas. La toma de decisiones se basó en la unanimidad y en la creación de un sistema de participación y representación semicorporativo”.

A raíz del Pacto de Punto Fijo se dictó la Constitución de 1961, que definía al gobierno de Venezuela como un régimen “democrático, representativo, responsable y alternativo”. Además, la Carta Magna hacía hincapié en el carácter puramente representativo de la democracia –sin ir más lejos, se restringía el ejercicio directo de la soberanía exclusivamente al sufragio-. “Las oportunidades para la participación política por vías no partidistas eran escasas” señala Ángel Álvarez, ya que entre 1961 y 1998, “se privilegió el equilibrio y la negociación entre los partidos más importantes antes de la competencia pluralista entre grupos sociales y mucho más aún que la participación popular” . Esto derivó en una modelo de Estado que “incentivó prácticas que reforzaron un elitismo poco competitivo y poco plural” .

De la misma manera define al régimen Miriam Kornblith: Hegemonía partidista, cuyas prácticas privilegiaron la negociación y distribución del poder entre los partidos políticos de mayor relevancia . Si bien, como señala Álvarez, la despartidización de la política y la apertura de nuevos canales de participación directa de la sociedad fueron banderas de algunas elites ilustradas desde los 70’, estas no tuvieron un asidero real hasta la crisis que asestó a Venezuela a fines de la década del 90’. Concretamente, tras el llamado “Caracazo” de 1989, revuelta que acabo con el líder adeco Carlos Andrés Pérez, “las elites políticas intentaron algunas reformas legislativas con el fin de superar la crisis de respaldo popular, conservando y fortaleciendo la vigencia de la Constitución de 1961 y reforzando a los partidos y las instituciones de la democracia representativa” . No obstante, las reformas institucionales en el marco del régimen que había generado el descontento fueron, claramente, equivocadas.

Para entonces, un diagnóstico de la Comisión presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) creada en 1985 por el presidente Jaime Lusinchi para revertir el descontento popular, decía que la excesiva partidización de la sociedad y del Estado, la insuficiencia de los mecanismos de participación –nulos en la Constitución vigente- y la casi inexistencia de medios de control de los representantes, separaron a los partidos de la sociedad. Igual diagnóstico realizan Álvarez -la invasión de los partidos en todas las esferas de la vida social, el excesivo nivel de impunidad y corrupción en ámbitos del Estado y un marco constitucional controlado por los partidos para preservar el sistema político representativo y centralista - y Kornblith -centralismo extremo, dominio de la dinámica político electoral por parte de AD y COPEI y toma de decisiones públicas mediatizada- .
A partir de esto, se sucedieron una serie de hechos vinculados a la debacle político económica que derivaron en la actual coyuntura: Programa de ajustes económicos en 1989, estallido social en febrero del mismo año; intento de Golpe de Estado en febrero y en noviembre de 1992, destitución de Carlos Andrés Pérez en mayo de 1993 por cargos de peculado y malversación de fondos públicos, elección de Rafael Caldera –uno de los padres del puntofijismo- por fuera del bipartidismo en 1993, crisis financiera y bancaria en 1994 y un nuevo ajuste en 1996. El cierre de este círculo se dio con la elección como presidente de Hugo Chávez en diciembre de 1998.

En 1999, luego del triunfo de Chávez, “comenzó un proceso intencionalmente dirigido a desmontar la democracia representativa y de partidos, plasmada en la Constitución de 1961, a fin de crear un nuevo orden político democrático definido como ‘social, de justicia, participativo y protagónico’, en el cual los partidos no juegan ningún papel trascendente e incluso, desaparecen del texto constitucional” . Así, y de modo muy resumido, podemos argüir que Venezuela ha pasado de una democracia representativa con fuerte hegemonía partidista a un régimen que se dice de nuevo tipo, original e inédito, pero que también está marcado por un fuerte multipartidismo inestable, “caracterizado por un pluralismo extremo y por la desinstitucionalización y personalización del sistema” .
En ese sentido, Manuel Alcántara Sáez define las actuales circunstancias venezolanas como un sistema “multipartidista extremo, al igual que Brasil, Bolivia y Ecuador”, países que lideran la profunda crisis del universo partidista latinoamericano.
Y si bien el gobierno venezolano se define, vía la nueva Constitución, “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”, no pocos autores señalan la fuerte desinstitucionalización generada a partir de la degradación de la democracia representativa -a tal punto que los partidos políticos desaparecen del texto constitucional y sólo se mencionan “asociaciones con fines políticos”-.
“La reducción de los espacios correspondientes a la democracia representativa se expresas en un debilitamiento de sus instituciones, estructuras y reglas fundamentales. Ello queda particularmente expresado en el reforzamiento del presidencialismo y en el desequilibrio de poder que caracteriza al actual diseño institucional” señala Kornblith. Para la autora, las potencialidades de los nuevos mecanismos tiene poca viabilidad “en sistemas partidistas frágiles ”.

No obstante, antes la recurrente crítica vinculada a la llamada desinstitucionalización, Luis Bonilla Molina asegura que pocos lograron entender que se estaban probando dinámicas, procedimientos, modelos de actuación e indicadores de logro que modelaran la nueva institucionalidad, pues habría nuevos niveles de participación que obligan a darle paso a la nueva vinculación entre Estado y ciudadanía. “La nueva institucionalidad es de transición (y) debe erigirse aún entre la tensión que le es propia a dinámicas jurídicas, organizacionales, conceptuales, operacionales y paradigmáticas contradictorias” .

Frente a esto, cabe preguntarse acerca de la necesidad de fortalecer las instituciones –las mismas que sirvieron de base legal al fracasado sistema- o generar una nueva manera de reinstitucionalizar el país a partir de la nueva realidad socio político.

Para Ancántara Sáez, el concepto de institucionalización se define como un proceso de rutinización de pautas de comportamiento. Y dado que las pautas sociales se modifican invariablemente –y más aún tras una crisis en todos los estamentos de la vida política de un país- “existen diferentes niveles de madurez en el camino hacia la institucionalización” . Algo que se explica más aún si se conciben a las instituciones “como el conjunto de normas, regulaciones, procedimientos y prácticas rutinarias que se realizan en el sistema político” .
Y si tenemos en cuenta que la Constitución venezolana “consagra nuevas reglas, nuevos actores y nuevas instituciones para hacer viable este nuevo orden”, a saber: plesbiscito, iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, referencia consulta popular, revocatoria, cabildo abierto y asamblea de ciudadanos y ciudadanas, sería oportuno repensar las categorías impuestas por las democracias de corte liberal y verificar si éstas son clasificables en este nuevo tipo de orden político que, en algún punto, se ha dado en llamar posdemocracia .
Es decir, replantear lo propuesto por Guillermo O’Donnell acerca del grado de institucionalización como unidad de medida de la consolidación de democracia, si lo que está viviendo el sistema político en cuestión es una reinstitucionalización sobre las viejas bases institucionales.













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