martes, 13 de abril de 2010

RAÚL EUGENIO ZAFFARONI

“La independencia de la Corte no es suficiente”

Uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni explica su proyecto para bajar la edad de procedibilidad de los menores y argumenta a favor de la despenalización de la tenencia de estupefacientes. Además, habla de las presiones del poder político.

-en colaboración con Franco Rizzi-

Uno de los 4 nuevos jueces de la Corte Suprema a partir de la renovación que comenzó en 2003, Raúl Eugenio Zaffaroni fue la primera figura que reemplazó los cuestionados y cuestionables integrantes de aquella Corte gobernada por la mayoría menemista.
Previo a su actual rol, Zaffaroni ya había ganado fama en toda América Latina por ser uno de los hombres de leyes más capacitados en materia de Derecho Penal. Catedrático y jurista de gran prestigio, unió todo eso en un breve paso por el antiguo Frente Grande, espacio político por el cual fue Diputado y Congresal Constituyente.
Desde la Corte, Zaffaroni encabezó el falló que despenalizó la tenencia de estupefacientes para consumo personal y actualmente se encuentra en la búsqueda por bajar la edad de procedibilidad en los menores. Ambas cuestiones, más algo de política, las explica en esta entrevista.

“LA IDEOLOGÍA TUTELAR ES AUTORITARIA”
_ La confusión entre bajar la edad de imputabilidad y de procedibilidad en relación a los menores y la delincuencia es permanente. ¿Cómo se explica su distinción?
_ La imputabilidad es la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir las acciones, la capacidad física. Esa capacidad física la puede tener un adolescente, un adulto o no tenerla, depende del grado de salud mental o de la perturbación transitoria que pueda tener. De modo que no es un problema de imputabilidad o inimputabilidad. Lo que sucede con los adolescentes es que por razones político criminales, la ley los somete a un régimen diferente. Razones político criminales que sí se basan en un dato real que es innegable: el adolescente tiene una capacidad intelectual igual a la de un adulto –desde los 13 años tenemos todas las neuronas armadas- pero lo que no tiene desarrollado es lo afectivo. Lo que podríamos hacer a las 16 o 17 años, si lo hacemos ahora nos mandan al psiquiatra: hablo de madurez. Debido a eso, desde hace un siglo se estableció un sistema penal diferenciado. La legislación responde a un criterio tutelar y el criterio es que al adolescente menor de 16 años no se lo someta a proceso, sino que el juez puedo someterlo a penas, pero sin un proceso penal. Y no sólo puede someter al niño o adolescente infractor, sino que también puede someter al adolescente víctima. De 16 años para abajo el juez puede hacer lo que se le de la gana, sin ninguna garantía, sin juicio, sin defensa. El problema que se plantea es que el niño menor de 16 años no es ciudadano para le Ley penal, no tiene las mismas garantías que tenemos nosotros y la Convención Internacional de Derechos del Niño establece, en un principio bastante obvio, que un menor por el hecho de ser menor, no puede estar en peor condición que un adulto que hubiere hecho lo mismo. Se le deben reconocer las mismas garantías que a un adulto. Lo primero que hay que hacer con un pibe al que se le imputa un delito es ver si realmente cometió el delito. Y eso tiene que establecerse en un proceso. Pero hoy se lo somete a una prisionalización, internarlo en un instituto es prisionizarlo, se lo priva de libertad, y se lo puede hacer arbitrariamente con el pretexto de que lo voy a tutelar. Y la historia ha demostrado que a toda persona que fue tutelada le fue bastante mal. Tutelaron a los indios, tutelaron a los negros, tutelaron a las mujeres y miren cómo les fue. Sin contar con que en definitiva nuestras repúblicas oligárquicas en el Siglo XIX tutelaban a toda la población. La ideología tutelar es una ideología claramente autoritaria. El problema es cómo sacar a los pibes de una ideología inquisitoria y darles las mismas garantías que tenemos los adultos y no correr el riego que esto se convierta en un determinado momento en una agravación de penas, a partir del pedido de una nueva víctima/héroe que aparezca por ahí y agrave la situación. Lo que técnicamente algunos llaman bajar la imputabilidad, que es una bestialidad, lo pretende aplicarle la misma pena a un niño que a un adulto. Por un lado, bajar la imputabilidad violaría la Constitución y la Convención Americana. Bajar la edad de procebilidad es otra cosa. No es fácil, es delicado el asunto, no hay soluciones sencillas.

_ ¿Y cómo se combate esta idea instalada en el sentido común sobre la necesidad de bajar la imputabilidad, cómo se romper ese prejuicio?
_ Desmintiendo todo lo que se está diciendo. Primero que ya se hizo, lo hizo la propia dictadura, que tuvo que volver atrás. En segundo término, con los hechos. Los medios no deben mentir más. No es cierto que los pibes menores de 16 años incurran en una cantidad enorme de delitos violentos, es falso. El número de delitos mayores cometidos por pibes de 16 años es despreciable. En la ciudad de Buenos Aires, homicidios cometidos por pibes de entre 14 y 16 años, en los últimos 5 años, creo que tenemos 2 ó 3. No es un problema social. El otro argumento que se usa: usan a los menores para cometer delitos. Eso es traído de Brasil, acá no pasa. No me ha pasado por las manos ninguna causa del tipo. Lo que pasa es que los menores pertenecen a una categoría de infractores con los cuales el Derecho Penal nunca supo qué hacer: los molestos. Los molestos son esos tipos con los que nunca se supo qué hacer, el que nunca hace nada grave, pero que está todos los días haciendo algo. Lo llevan y lo sueltan: ¿por qué? Porque no hizo nada grave. Molesta a la policía. Con el molesto nunca su supo qué hacer. ¿Se le puede imponer una pena grave?

“HAY QUE DISTINGUIR ENTRE EL PECADO Y EL DELITO”
_Usted fue uno de los principales defensores del fallo de la despenalización de la tenencia individual de estupefacientes. ¿Cuáles fueron sus argumentos?
_ Lo que hay que hacer es una cosa básica: distinguir entre el pecado y el delito, entre la conducta moral y la conducta delictiva. El delito es aquello que afecta un bien jurídico de terceros. El consumo de tóxicos o la tenencia en una cantidad moderada, no pone en riesgo más que los bienes jurídicos del consumidor. Por lo tanto, el consumo no es punible. Yo ahora me puedo tomar un frasco de cianuro y si quedo vivo nadie me va a juzgar.

_ En Córdoba, el Secretario de Prevención de la Drogadicción de la Provincia, al momento del fallo, dijo que era un día muy triste. Este joven, políticamente, estuvo vinculado a Cavallo y ahora a Macri. Le marco esto último para saber si esa posición que el expresó deja en claro una mera ignorancia o una tendencia ideológica.
_ Yo no voy a abrir juicio sobre la intencionalidad de nadie, cada uno sabrá lo que hace. Lo que sí es cierto es que en definitiva, como estoy viejo, cada vez creo menos en conspiraciones, pero cada vez creo más en funcionalidades. ¿A que llevó la criminalización indiscriminada de cualquier tenencia de tóxicos?: en la práctica lleva a un enorme dispendio de fuerzas policiales, a un enorme dispendio de fuerzas judiciales, de causas que no llegan ni a sentencias ni a penas. El dispendio policial se traduce en formación de caja, porque se utilizan recursos extorsivos. Todos sabemos que con este motivo se pueden allanar boliches, entre otras cosas. Y no allanar un boliche tiene un precio. No me ha llegado ninguna causa grande por narcotráfico. Por eso me pregunto sino sería mejor evitar ese esfuerzo para perseguir el narcotráfico en serio, las causas que nos llegan son las del dealer de la esquina y de la vieja que tiene el quiosco y tiene los cigarrillos debajo de la ventana. Insisto: no creo en conspiraciones pero sí en funcionalidades y creo que de alguna manera esto sirve para jugar al avestruz. O al tero. Distinto es el tema del paco, que no es un tóxico sino un veneno que está matando niños. Y quiero aclarar algo: en nuestro país el tóxico criminológico por excelencia es, fue y seguirá siendo el alcohol.

RECUADRO
“SERÍA UN POCO DIFÍCIL OPERAR CON NOSOTROS 7”

_ ¿Cómo es actualmente la relación de la Corte con el Ejecutivo?
_ Tenemos la relación que tenemos que tener porque somos una rama del gobierno, son relaciones normales. Tenemos que discutir. Estamos pidiendo tener autarquía financiera para poder manejar recursos propios. Y eso requiere relaciones con el Ejecutivo y el Legislativo. Son relaciones normales.

_ Sin embargo, el imaginario popular tiene la idea en la cabeza de las presiones que siempre existen.
_ Presiones… qué se entiende por presiones. La profesión de juez es como cualquier otra y tiene que estar habituado a que lo llamen por teléfono, a que uno esté en el baño del club y que venga uno y le cuente que él tiene una causa… Y qué hace uno: ponemos cara de póker, lo escuchamos y después resolvemos según nuestra conciencia.

_ Sigo con el imaginario popular: ¿Néstor llama?
_ No. Debo decir algo: casi todos los gobiernos han tenido operadores judiciales. Este gobierno no lo tiene, ni Néstor ni Cristina. No hay un operador judicial. Sería un poco difícil operar con nosotros 7, porque somos como 7 personajes distintos en busca de un autor, bastante distintos, diferentes, con experiencias distintas. Es difícil conseguir 4 votos en la Corte.

RECUADRO
“LOS JUECES TENEMOS COSMOVISIONES”
_ Usted fue integrante del Frente Grande. Y de acuerdo a algún análisis, se podría decir que el actual gobierno recuperó algunos preceptos del Frente. ¿Encuentra vinculación?
_ Sí, la política de Derechos Humanos, efectivamente. Pero hay que distinguir algo: los jueces somos sujetos que pertenecemos a la sociedad, tenemos cosmovisiones, sistemas de ideas, de valores; pensar en un juez que es que es aséptico, aideológico… yo no soy autoritario, pero si un juez es así hay que internarlo, al menos sería recomendable para que sea más sociable. Pero que uno pueda coincidir con tal o cual administración no significa que lo manejen por teléfono.

RECUADRO
“YO NO CREO QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN SEA LA MEJOR”
_ En la campaña presidencial de 2007, el principal discurso de la oposición era la falta de institucionalidad del país. Por esos días, el periodista allegado al gobierno Horacio Vertbisky publicaba un artículo señalando que la mayor garantía institucional de un país es la Corte Suprema. ¿Cuál es su análisis?
_ Es cierto que tener un Poder Judicial independiente y tener un control de constitucionalidad independiente naturalmente es la mayor garantía institucional. Pero desde mi punto de vista tenemos que empezar a pensar en instituciones y no en personas. Las personas pasamos, las instituciones quedan. Y desde mi punto de vista el control de constitucionalidad que tenemos y la garantía de independencia de la Corte Suprema, más allá de cómo está integrada hoy, no es suficiente, puede haber regresiones. Yo no creo que nuestra Constitución sea la mejor. Creo que el sistema de gobierno y el sistema de control de constitucionalidad es muy débil. Y que el sistema de gobierno que tenemos es el responsable de la crisis que hemos tenido en los últimos 25 años.